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Chile tiene un problema: existe un gran número de opinólogos de temas ajenos a su expertise. Uno de los más tentadores -siempre- es la economía.

Nuestro  sistema de pensiones, conocido como las AFPs, está planteado a través de una arquitectura económica meticulosamente desarrollada. El sistema chileno se destaca por sobre sistemas catalogados como superiores, por ejemplo el sistema canadiense, porque tiene una mayor rentabilidad (tanto para los usuarios como para las mismas AFPs) aún estando sujeto a limitantes cuantitativas y cualitativas muy restrictivas.Esto lo hace menos riesgosos que el general de los sistemas de pensiones en economías desarrolladas, situación favorable para nuestro país. 

Lo que hoy debe preocupar es el hecho de que la discusión en torno a nuestro sistema de pensiones está siendo llevado por exponentes políticos y de la sociedad civil, como el gobierno y la institución “No + AFP” , quienes, por una falta radical de conocimiento, están tomando una dirección completamente errada en las propuestas que presentan.

Hoy se  presentan dos grandes soluciones: Por un lado, existe la opción poco sensata del sistema de reparto planteada por minorías radicalizadas, mientras que por parte del gobierno, a través de sus reformas expuestas en agosto del año 2016, propobe dos medidas. La primera es aumentar la tasa de cotización individual de las personas desde 10% a 15%, aumento de 5% que se dividiría en mayor cotización individual (lo cual, a priori, es correcto). En segundo lugar, crear el aporte a un “sistema solidario” para quienes no pueden cumplir una cuota mínima con el aporte a su cuenta individual, lo que en principio también es bueno debido a que presenta intenciones de solidarizar, pero que tiene consecuencias bastante preocupantes para el futuro de las pensiones de las familias. 

La propuesta del gobierno exige el aumento de la tasa de cotización, lo que afecta directamente los costos de contratación en las empresas del sector formal, es decir, empresas cuyos trabajadores están obligados a pagar el aporte a su fondo de pensiones. Esto se refleja en dos efectos principales; primero, disminuye el salario de las personas que trabajan en este sector (por ejemplo, una empresa que le pagaba 100 a una persona, de los cuales 10 se iban al sistema de pensiones, en el caso que siga pagando 100, la persona recibirá 85 en vez de los 90 anteriores); y segundo, disminuirá la cantidad de personas que trabajan en el sector formal, es decir, menos personas cotizarán en el sistema de pensiones, por lo que habrá un mayor déficit que cubrir. Esto se entiende mejor con el mismo ejemplo anterior: al haber un menor salario en el sector formal, las personas preferirán ir al sector informal, generando menos ingresos para el sistema de pensiones.

El segundo punto (la disminución de personas contratadas en el sector formal) es de una gigantesca gravedad. Al disminuir la cantidad de personas en el sector formal, disminuye la cantidad de personas que cotizan en el sistema de pensiones, pero también disminuye la cantidad de personas que contribuyen a los impuestos dirigidos a los otros sistemas de precaución social, como por ejemplo, el sistema de salud. La disminución de la recaudación de estos impuestos afecta directamente al ingreso gubernamental, quitándole opciones para financiar gastos necesarios, por ejemplo, la educación o la seguridad.

Por otro lado, el porcentaje del aumento en la tasa de cotización individual que va al sistema solidario es considerado por los trabajadores del sector formal como un impuesto puro, ya que ellos no perciben como suyo ese dinero, lo que en el corto y largo plazo distorsionará sus decisiones de consumo y de trabajo. Al aumentar la cantidad de impuestos en el trabajo, el resultado es una menor oferta de trabajadores, ya que su costo de oportunidad es mayor, lo que sumado a la disminución en el empleo en el sector formal, tiene un aumento directo en el desempleo. El mayor problema de esto es que  se ve reflejado en los trabajadores con menor educación, es decir, en los trabajadores con menores salarios y menores opciones de trabajo, ya que al tener un menor campo laboral y una menor dispersión en sus salarios, ellos se ven afectados en mayor medida. Esto nos debe indignar, ya que, para variar, una política pública destinada a satisfacer las necesidades de los más perjudicados, solo tiene consecuencias negativas para estos mismos.

Mientras el gobierno  presenta una propuesta que tiene factores distorsionadores pero acordes a la estructura económica nacional (ya que en el mejor de los casos se busca mayor recaudación para el sistema actual), hay quienes nos presentan una opción mucho más preocupante: un sistema de reparto, modelo reconocido en el mundo entero por haber fracasado en países tan poderosos como Japón. 

Para entender el sistema de reparto hay que empezar por su mayor déficit: el aporte individual es casi en su totalidad un impuesto puro ¿Por qué un sistema de reparto tiene mayor parte de impuesto puro que uno de capitalización individual? La respuesta es muy simple: en un sistema de reparto es imposible asociar el dinero que uno entrega al dinero que uno recibe en la jubilación. Esto se debe al hecho de que se entrega la misma cantidad de dinero a personas cuyos aportes fueron heterogéneos, lo que difiere completamente de un sistema de capitalización individual en el cual la relación entre dinero entregado y dinero recibido al sistema es directamente proporcional (a medida que más aporto a mi fondo de pensiones, más recibo).

Por otro lado, usando los mismos parámetros que se usaron en el análisis de la propuesta del gobierno, el sistema de reparto tiene consecuencias muy graves. Primero, se presenta una distorsión en los incentivos a trabajar de las personas al haber un mayor impuesto puro al trabajo, lo que, a su vez, genera incentivos que disminuyen la oferta de trabajo de los individuos en el sector formal (ya que en este sector reciben menos dinero líquido por las mismas horas trabajadas), llevando esa oferta al sector informal. Este traspaso de oferta afecta directamente la recaudación para el fondo de reparto del sistema de pensiones ya que hay menos personas financiándolo, lo que en el corto plazo generará un déficit fiscal importante. También es necesario recalcar que la recaudación fiscal también se ve afectada en otras materias ya que el sector informal tampoco paga contribuciones a los demás sistemas de prevención social.

El análisis anterior es sólo cualitativo en oferta de trabajo, pero si es visto de modo cuantitativo podemos sacar  conclusiones mucho más negativas. Primero, el gasto fiscal de un gobierno causado por un sistema de reparto es altísimo. Países como Alemania o Suecia, conocidos por su solidez económica, tienen un gasto asociado a su sistema de pensiones (cercanos a lo que es un sistema de reparto) equivalente a un 10.7% y 8.3% del PIB, respectivamente, es decir, en países con mucho mayor producción per cápita, desarrollo social, con mayores tasas impositivas y con un sistema económico más equilibrado que el chileno, el gasto fiscal es de una magnitud inimaginable para Chile, lo que tomando también en cuenta que hoy el ahorro para sistemas previsionales representa cerca de un 70% del PIB en Chile, la imposición necesaria para un sistema de reparto en nuestro país sería sustancialmente mayor que la actual debido a la necesidad de cubrir pensiones, al menos, iguales a las actuales. Nuevamente, una mayor imposición se vería reflejada en menores salarios y en una menor demanda laboral en el sector formal, disminuyendo aun más la recaudación fiscal y distorsionando gravemente las decisiones de gasto de los agentes  económicos.

El gran desafío que tiene el próximo gobierno es lograr que, sobre la base estructural de el sistema de AFPs, se genere una mayor credibilidad de esta institución y que sea capaz de financiar de alguna manera los gastos de las personas de mayor edad en nuestro país, por lo tanto, es necesaria una recaudación fiscal más eficiente. Este segundo punto requiere una mirada exhaustiva en todos los ámbitos de la prevención social, tomando en cuenta una mejor cobertura y desarrollo de planes públicos muchas veces olvidados como Fonasa.